OBREROS SEVILLANOS
:Viva la República:
Un general que se jugó la vida para implantar la República en España y que se siente más republicano que nunca, se dirige a vosotros deseoso de ahorrar vuestra sangre.
De Cádiz han salido ya para Sevilla, los Regulares de Ceuta. En cuanto lleguen empezaremos a combatiros con la máxima energía y ¡ay! De aquéllos que no se hayan sometido.
Entregar las armas, que nunca lo podríais hacer a un General más amigo del pueblo.
GONZALO QUEIPO DE LLANO
Breve introducción
La Guerra Civil española fue un conflicto fratricida entre españoles que acompañado de su posterior represión ha sido uno de los episodios más traumáticos de la Historia de España y que pasados más de 82 años de aquella tragedia entre españoles sigue pesando como una gran loza en la Memoria Colectiva, que se proyecta hasta nuestros días.
La Memoria Histórica no trata de recuperar ningún sentimiento ni de reabrir viejas heridas como pueda pensar esa parte de la España, rancia, cutre y deprimente sino de recuperar la Memoria que dote de dignidad a todas y cada una de las víctimas inocentes que cayeron dramáticamente en el más absoluto de los olvidos y que padecieron persecución, represalias, exilio o asesinatos en las tapias de los cementerios, en las cunetas o con paladas de cal viva permaneciendo en primer lugar, en la retina del recuerdo de sus seres queridos y posteriormente, en la Memoria Colectiva de los pueblos.
Ahora, son los hijos de sus hijos -los que ya sin miedo- se atreven a exigir con toda la fuerza que otorga la razón una reparación que rescate la "Memoria" con mayúsculas de la amnesia colectiva que nos inculcaron los centinelas del miedo y así poder cerrar dignamente un capítulo fundamental en la historia reciente de nuestro país para que de esta manera, el proceso de cicatrización de aquéllas heridas mal suturadas sea definitivo.
Sólo así, se podrá afrontar con ilusión los sueños de futuro por parte de las nuevas generaciones para que nunca más a ningún "españolito que venga al mundo, ninguna de las dos Españas les vuelva a helar el corazón", como manifestara nuestro gran poeta universal, don Antonio Machado.
El pasado 14 de abril de 2018 se inauguró en el patio de la Casa de la Cultura de Morón una Exposición ilustrativa bajo el título “Todos los nombres”(…), donde pudimos observar múltiples paneles verticales ilustrativos que reflejan las bases sobre las que se sustentó la dictadura franquista, una represión sistemática desde de el primer día del golpe (17.07.1936 hasta su final oficial el 29.12.1978 con la publicación en el BOE de la Constitución).
Los paneles organizados temáticamente hacen mención a los desaparecidos y fusilados, cárceles y campos de concentración, exilios, consejos de guerra, depuraciones, deportaciones, represión a la mujer (vejaciones, rapados y aceite de ricino), procesamientos por el Tribunal de Orden Público, represión en la Universidad de Sevilla y la ejercida sobre los maestros en la provincia de Cádiz. Los restantes paneles tratan de reflejar esta misma situación en ámbitos provinciales (Sevilla, Málaga y Badajoz), de carácter local (Montemayor, Camas, Casares, El Viso del Alcor, Villanueva de la Serena, Puerto Serrano y El Gastor) más otro dedicado a Blas Infante.
Aunque queda mucho camino por recorrer, el gran censo de víctimas continuará creciendo cuantitativa y cualitativamente, a medida que se vaya avanzando en el conocimiento de la represión franquista, se vaya completando la investigación de comarcas y localidades que aún no han sido estudiadas, o se tenga acceso a nuevas fuentes de información.
Todos (…) los Nombres nació como un proyecto de ámbito andaluz: andaluces represaliados dentro y fuera de Andalucía, pero también personas represaliadas en territorio andaluz, cualquiera que fuese su origen. La creciente oferta y demanda de información sobre víctimas no vinculadas a Andalucía plantearon la conveniencia de ampliar el ámbito geográfico y se dieron los primeros pasos al incorporar a las víctimas de Badajoz, Ceuta y el Norte de África. Paralelamente han ido surgiendo iniciativas similares en otras comunidades autónomas y el gran reto de futuro es avanzar hacia la creación de una base de datos única de ámbito estatal o, cuanto menos, el establecimiento de una coordinación y protocolos de trabajo comunes e interactividad. Además de la base de datos, que constituye el núcleo del proyecto, la Web ofrece una variada gama de contenidos complementarios. Hasta finales de 2009 se han publicado:
394 microbiografías, filmadas por familiares y por especialistas de diversas disciplinas (historiadores, antropólogos, periodistas…)que reconstruyen la trayectoria vital y el historial represivo de las víctimas.
1469 noticias han informado puntualmente sobre acontecimientos y actividades.
85 investigaciones y 251 documentos referentes a fosas y exhumaciones, historia oral y testimonios, archivos y registros, normativa y otros contenidos de interés para el movimiento social por la Recuperación de la Memoria Histórica.
TLN. BASE DE DATOS SOBRE LA REPRESIÓN FRANQUISTA
El proyecto Todos (…) los Nombres es una iniciativa de la Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT-A) y la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) que pretende dar respuesta a la creciente demanda social e información sobre las personas (hombres, mujeres, niños y ancianos) que fueron represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El 14 de abril de 2006 se inauguró la página www.todoslosnombres.org. Que permiten acceder a una base de datos de víctimas de la represión. Desde entonces no se ha cesado de incorporar información sobre víctimas de la represión en sus diversas facetas: asesinatos, consejos de guerra, exilio, encarcelamiento, trabajo esclavo, incautaciones de bienes, guerrilla, responsabilidades políticas, depuración laboral, encausados en el TOP…Las principales fuentes -en términos cuantitativos- de las que se alimenta la base son el vaciado de la bibliografía y trabajos inéditos aportados por numerosos investigadores que son colaboradores del proyecto. A partir de aquí se genera un proceso interactivo con familiares y otros usuarios de la Web, que mediante el formulario de contacto y el correo-e inician un diálogo con el equipo técnico y demás colaboradores. Este provechoso intercambio permite suministrar la información solicitada, pero también aportar nuevos datos completando los existentes, corregir errores o abrir nuevos registros.
Los resultados obtenidos acreditan la solidez del proyecto. En 2008 Todos (…) los nombres: aportó datos de 22.000 víctimas mortales de la represión, resultado del trabajo de más de 200 colaboradores, al sumario abierto por la Audiencia Nacional sobre desapariciones forzosas, durante el franquismo. Y a finales de 1009 la base contaba con más de 51.000 registros de todas las modalidades represivas.
(…)Eran los rebeldes quienes acusaban, juzgaban y condenaban por delito de rebelión militar a quienes se opusieron a la rebelión que ellos protagonizaron en julio de 1936(…)
El genocidio franquista
Los sublevados desencadenaron a partir del 18 de julio de 1936 un sangriento proceso de represión contra sus adversarios políticos e ideológicos. Un verdadero plan de exterminio que adquirió proporciones de genocidio y causó al menos 129.472 víctimas mortales. De ellas, 45.824 corresponden a las provincias andaluzas, 7.603 a Badajoz 7.768 a Ceuta, Melilla y el Protectorado de España en Marruecos.
La primera etapa de la represión, la del terror caliente que se inició el mismo día del golpe, no fue -contra lo que tantas veces se ha dicho- una matanza protagonizada por bandas incontroladas de falangistas. Al contrario, esta represión inicial al amparo de los bandos declaratorios del estado de guerra, era minuciosamente controlada en cada municipio y provincia por los comandantes militares y delegados de Orden Público. Durante esa primera fase, que se prolongó hasta marzo de 1937, perdió la vida la mayor parte de las víctimas del suroeste. Lo ejemplifica la provincia de Huelva, donde 5.633 hombres y mujeres fueron asesinados por aplicación del bando de guerra, frente a los sólo 386 condenados a muerte en consejo de guerra.
La mayor parte fueron enterrados en fosas comunes y descampados. Casi ninguno se inscribió en el Registro Civil. Algunos se registraron durante la posguerra y primeros años de la democracia, pero se estima que son dos tercios los que nunca lo hicieron.
Han transcurrido más de setenta años desde que fueron asesinados y legalmente siguen siendo meros desaparecidos, incluso cuando sus restos han sido exhumados, mientras la actual ley del Registro Civil impide o dificulta su inscripción.
Muchas personas siguen en fosas anónimas en descampados, cunetas, tapias… que acogieron a las víctimas de una sistemática y brutal represión. Desde un asesinado en una calle de Triana (Sevilla), hasta las causadas por el avance de la columna de la muerte dirigida por el coronel Yagüe (desde Sevilla hacia Badajoz), o las producidas en la carretera de la muerte, en la huida de la población civil desde Málaga hacia Almería. Hay documentos que acreditan esta represión, como el informe de Falange de Rota o la relación de fallecidos del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz). La inscripción en el Registro Civil sigue siendo una asignatura pendiente…
Cárceles y campos de concentración
Cárceles municipales, comisarías, cuarteles de falange, cualquier edificio más o menos grande, e incluso barcos, fueron antesala de la muerte y de la desaparición de miles de personas durante el verano y otoño de 1936. Se fueron vaciando a medida que unos iban siendo eliminados y otros eran encarcelados tras semanas o meses de privación de libertad. Volvieron a llenarse cuando se ocupó Málaga (1937) y fueron regresando las primeras oleadas de huidos. Entonces comenzaron a actuar sistemáticamente los tribunales militares, imponiendo penas frecuentes de 20 y 30 años de cárcel. Se saturaron, por tercera vez, cuando en 1939 regresó la nueva avalancha de evadidos desde las últimas provincias libres.
Antes habían estado detenidos en campos de concentración y clasificación de prisioneros desde donde e pidieron informes sobre sus antecedentes a las autoridades de sus localidades de origen. Permanecieron en los depósitos municipales mientras los juzgados militares instruían los sumarios por rebelión militar y fueron pasando a otros centros de reclusión una vez concluidos: cárceles, colonias penitenciarias…
Los presos andaluces recorrieron estos centros de dentro y fuera de la región. Frecuentes cambios de destino que buscaban alejar al preso de su familia y sumar a las malas condiciones carcelarias el desarraigo afectivo y las ayudas que éstas pudieran facilitarles. El denominado turismo penitenciario los llevó por cárceles distantes y mortíferas como las de Burgos, El Dueso (Cantabria), la Isla de San Simón (Galicia), o el Fuerte de San Cristóbal (Navarra). La alta morbosidad registrada en estas fechas también en cárceles andaluzas, como el Penal de El Puerto de Santa María -cuya población reclusa era mayoritariamente de fuera de la región– o la Prisión de Sevilla (Ranilla), son un indicador de sus pésimas condiciones de vida, higiénicas y alimenticias.
Los archivos de cárceles como la Prisión Provincial de Sevilla o la Prisión Central de El Puerto de Santa María nos permiten conocer el historial penitenciario de millares de presos políticos andaluces y otras comunidades autónomas que cumplieron en ellas las condenas impuestas por los tribunales militares. Los decretos de indulto y el mecanismo de revisión y conmutación de lanas permitieron que gran parte de los que habían sido juzgados durante la guerra e inmediata posguerra disfrutasen de libertad condicional a mediados de la década de los 40, incluso quienes tenían condenas de 30 años. Si las autoridades creían inconveniente el regreso del reo a su localidad, se le concedía libertad condicional con destierro. En no pocos casos, las resoluciones de reducción de pena se notificaron cuando el reo ya había fallecido en presidio.
CONSEJOS DE GUERRA: LA JUSTICIA AL REVÉS
Los sublevados utilizaron la Justicia Militar como mecanismo de represión desde el mismo día 18 de julio, encausando por rebelión militar o agresión a fuerza armada a quienes se enfrentaron a ellos. Sin embargo, en el verano de 1936 lo común fue que los civiles fuesen eliminados por aplicación del bando de guerra antes de terminar la instrucción sumarial o celebrar un juicio. La excepción fueron unos pocos expedientes abiertos contra personal militar y de institutos armados.
En marzo de 1937 los tribunales militares se emplearon a fondo en la recién ocupada ciudad de Málaga, donde causaron una verdadera sangría que se prolongó durante toda la guerra y en la posguerra. En las provincias occidentales fueron detenidos y encausados los izquierdistas huidos que regresaron de la provincia de Málaga y también fueron juzgados algunos ciudadanos que habían sobrevivido a la represión del verano de 1936.
Una nueva oleada de consejos de guerra se produjo cuando en 1939 se derrumbaron los frentes y retornaron los evadidos que aún estaban dispersos, en calidad de refugiados o encuadrados en las unidades del ejército republicano. En algunas zonas de Jaén, Córdoba y, principalmente, en la provincia de Almería, a las que no alcanzó la represión inicial de 1936, fue el aparato judicial militar quien tuvo todo el protagonismo del proceso represivo.
En todos los casos y circunstancias los tribunales militares actuaron desde la premisa de la justicia al revés: eran los rebeldes quienes acusaban, juzgaban y condenaban por delito de rebelión militar a quienes se opusieron o no secundaron la rebelión que los protagonizaron en julio de 1936.
La justicia militar abrió expedientes informativos y procedimientos sumarísimos que frecuentemente acabaron con la imposición de penas de muerte o largas condenas a cárcel. Unos pocos días podían bastar para concluir la instrucción de las causas que, basándose en informes de la Guardia Civil, de la Falange y en acusaciones de testigos que a veces ni siquiera presenciaron los hechos sobre los que declaraban, llevaron a los reos ante pelotones de fusilamiento. Pese a la destrucción parcial de documentos y la desorganización de los que se han sobrevivido, los millares de expedientes que conservan los archivos judiciales militares nos permiten conocer detalladamente la represión ejercida por la Auditoría de Guerra y las vicisitudes de sus víctimas.
LA PUESTA EN MARCHA DE LA JUSTICIA
En Cádiz, como en los restantes territorios ocupados por los sediciosos, su justicia recurrió a los tribunales militares a la vez que exterminaba a sus enemigos a golpes de Bando de Guerra. Era la política de desinfección social de la que hablaba Luis Martos Peña, el comandante militar de El Puerto de Santa María, en diciembre de 1936.
En marzo de 1937 se pusieron en marcha nuevos mecanismos que otorgaban el control de la represión al ejército rebelde. Una orden de Gonzalo Queipo de Llano, máximo jefe del llamado Ejército del Sur, de 3 de marzo de 1937 ordenó que todas las personas que estuvieran detenidas o volvieran de la “zona roja” pasaran a disposición de la estructura judicial militar golpista.
En Cádiz, durante su primer año de funcionamiento, fueron varios centenares los sumarísimos que se instruyeron. El primero comenzó el día 8 de marzo. El último que conocemos, el nº 452, lo fue el 23 de diciembre. De los 320 acusados casi un 50% tuvieron penas de cárcel o muerte. El Consejo Permanente de Cádiz, presidido por Rafael López Alba, se puso en marcha el día 8. Ese día encargó a José Sotillo Rubio que se constituyera como juez instructor. No fue este “teniente honorario” quien se encargaría de la mayoría de las sumarias de la “justicia al revés”. Los jueces que mayor actividad durante este primer año fueron Antonio Martínez de Salazar Moyano, José Luis Molina Schwalbach y Alfonso Moreno Gallardo. Jueces, fiscales y en algún caso defensores ocuparon cualquiera de los tres puestos indistintamente. El primer encauzado fue el carpintero de la CNT, José Díaz Mariscal. Catalogado como destacado extremista, huelguista y con antecedentes por conflictos sociales, fue acusado de resistir al golpe al participar en el asalto a la Audiencia Provincial y levantar barricadas en las calles. El 19 de abril fue condenado a muerte y asesinado diez días más tarde en los fosos de la Puerta de Tierra. Para esa fecha ya habían sido fusilados otros aunque hubieran sido encausados después. De los sumarios que conocemos los primeros ejecutados fueron Fernando Otero Montesinos y Enrique Quintero Macías, ambos militantes de la UGT.
Hubo fusilamientos colectivos que ejemplificaron la finalidad exterminadora de los sediciosos. Al amanecer del 19 de abril fueron pasados por las armas cuatro personas: los albañiles cenetistas Antonio Martín y Miguel García Tejero, José Ruiz Gallardo, un dependiente de comercio de la UGT de 22 años y Carmen Mora Marín, una joven socialista tarifeña de 22 años, hija del alcalde de esa población, también asesinado.
LA REPRESIÓN A LAS MUJERES
Las mujeres represaliadas desde los tribunales militares, entre 1936 y 1950, fueron acusadas de auxilio, incitación o excitación a la rebelión. Sus delitos: encabezar una manifestación, empuñar una bandera, no practicar con asiduidad los ritos de la religión católica, quejarse de las malas condiciones de vida de sus familias, prestar apoyo s los presos o a los huidos, ser hijas, hermanas o esposas de rojos. Rojas peligrosas, incitadoras de los hombres, a los que empujaban a cometer desmanes, cuando no los cometían ellas mismas, marxistas de exacerbado instinto sexual, según las describiera el psiquiatra Vallejo Nájera, mujeres infernales: individuas de dudosa moral pública y privada…A estas actuaciones se sumaron rasgos personales: ser lenguaraces, independientes, ateas, procaces. Era el retrato de las malas mujeres. Frente a ellas, las señoras y señoritas, las mujeres de orden, las buenas cristianas. De ese modo, las llamadas individuas y sujetas fueron castigadas por transgresoras, con un discurso formado por elementos provenientes de la concepción patriarcal de la mujer y de su rol social, reforzados muy activamente por el discurso de la Iglesia católica sobre la moral y las buenas costumbres.
Esta represión -sufrida por mujeres de entre 20 y 40 años, casadas o viudas, con hijos, sin instrucción y de profesión sus labores-tuvo como objetivos básicos redibujar el modelo tradicional de la mujer y seguir golpeando a los vencidos. Con los hombres presos, huidos, muertos o desaparecidos, su encarcelamiento sumía a los hijos en el abandono a la vez que se intentaban quebrar los apoyos s los presos y a la guerrilla.
Otro tipo de represión específicamente femenina fue el rapado, la ingesta de aceite de ricino, la violación y la exposición a la vergüenza pública y la humillación.
“Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombres. De paso, también, a las mujeres de los rojos; que ahora por fin han conocido a hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará”. (Queipo de Llano. 23 de julio de 1936. Radio Sevilla).
Los vencedores realizaron actos vejatorios sobre las mujeres, considerando sus cuerpos como botín de guerra. Actos cargados de un gran valor simbólico, por los que se las depuraba de virilismo; la ingesta de aceite de ricino o el rapado eran un modo simbólico de llevar a cabo dicha depuración, mostrando a la sociedad el castigo que sufrían quienes, al comportarse como hombres, debían ser despojadas de algunos de los atributos femeninos más importantes, el pelo y el decoro. El acto bárbaro de la violación venía a demostrar de manera contundente el poder incuestionable de los vencedores. El silencio de las víctimas nos habla, todavía hoy, de la eficacia de la represión, Con los instrumentos represivos a su alcance -los juicios sumarísimos, la violencia sexual y la humillación-, el estado franquista convirtió a todas las mujeres en las grandes vencidas.
(…) El gran negocio del que se beneficiaron el Estado y las empresas fue el sistema de Redención de Penas por el Trabajo, que permitía reducir el tiempo de condena por días de trabajo (…)
EL TRABAJO ESCLAVO
No bastó quitarles la libertad. También los esclavizaron. Los sublevados no tardaron en descubrir que los presos rojos eran más rentables empleándolos como mano de obra barata o gratuita que manteniéndolos encerrados y cruzados de brazos de una celda. Empezaron obligándolos a realizar tareas de poca envergadura, como pequeñas obras o la limpieza de vías públicas, y terminaron creando un complejo entramado institucional y burocrático que gestionó la explotación económica de millares de presos.
La primera forma de encuadramiento de los vencidos fueron los batallones de Trabajadores. Se emplearon primero en obras de carácter militar y, a partir del verano de 1937, cuando nació la Inspección de Campos de Concentración y Prisioneros de Guerra, en obras públicas y privadas consideradas necesarias. En 1938 había casi un centenar de batallones, y los destinados a Andalucía se dedicaban a trabajos que iban desde las fortificaciones e industrias militares hasta labores agrícolas, minería o la reconstrucción de iglesias y conventos.
El gran negocio del que se beneficiaron el Estado y las empresas fue un sistema de Redención de Penas por el Trabajo, que permitía a los reos reducir el tiempo de condena por días de trabajo. A cambio, recibían un salario muy inferior al de los trabajadores libres y del que además se descontaban los gastos de alimentación.
El Patronato de Redención de penas por el Trabajo y el Servicio de Colonas Penitenciarias Militarizadas gestionaron el trabajo de decanas de miles de presos políticos. En Andalucía su obra de mayor envergadura fue una infraestructura hidráulica de 159 km. , el conocido como Canal de los Presos, que permitiría transformar en regadío unas 80.000 has. del Bajo Guadalquivir.
La población activa quedó diezmada entre muertes, exilios y encarcelamientos. Convertir en fuerza productiva la mano de obra que permanecía ociosa en cárceles fue el objetivo de la Redención de Penas por el Trabajo que creó una vasta infraestructura de campos de concentración y colonias penitenciarias ligados a numerosas obras públicas (entre ellas el Canal de los Presos, con sede principal en Los Merinales, Dos Hermanas, Sevilla). El fichero Fisiotécnico era el instrumento para gestionar la oferta de mano de obra esclava para acometer obras en todo tipo de sectores productivos, tanto para las administraciones públicas como a beneficio de empresas privadas y particulares.
REPRESIÓN ECONÓMICA E INCAUTACIÓN DE BIENES
Los rojos no perdieron sólo la vida o la libertad, también sus bienes. Se han conservado imágenes de sus viviendas con los muebles arrojados por las ventanas y amontonados en la calle. También se recuerdan los camiones que regresaban del frente cargados de botín de guerra y los improvisados mercadillos en donde las tropas moras vendían el fruto del pillaje. “Se llevaron todo lo que teníamos, hasta la bombilla”, recuerda una víctima de ese expolio.
En el medio rural, las bandas de falangistas recorrieron las casas de capo incautándose de cosechas y ganados. Los abusos iban desde la insignificante consumición del café que las patrullas fascistas se negaban a abonar en el bar donde hacían un alto, hasta la invitación a contribuir en las cuestaciones patrióticas o la extorción bajo amenaza de denuncia. Junto a los actos de pillaje y expolio, también hubo un mecanismo reglamentado por los golpistas de apropiarse de los bienes de quienes se identificaron con el rente Popular o se opusieron al golpe militar. En Andalucía Queipo de Llano dictó el 11 de septiembre de 1936 un bando que regulaba el proceso de incautación en el territorio de la 2ª División y, a nivel nacional, la Juta Técnica del Estado creó el 10 de enero de 1937 la Comisión Central de Incautaciones. Subordinadas a ésta estaban las comisiones provinciales, presididas por los gobernadores civiles, que instruyeron los expedientes de incautación contra personas y organizaciones políticas y sindicales.
De este expolio se benefició el nuevo Estado y también sirvió para compensar a gente del régimen por los servicios prestados. Salvo contados casos particulares y el de las organizaciones sindicales y políticas, este capítulo de la represión apenas ha sido objeto de atención, y mucho menos de justicia y reparación.
La represión económica afectó tanto a los obreros de izquierda, a quienes se arrebató lo poco que tenían, como a la clase media y burguesía republicana progresista. Los expedientes de incautación se abrían por iniciativa de los comandantes militares, que en los pueblos de la retaguardia eran los de puesto de la Guardia Civil, recibían el visto bueno de los gobernadores civiles y eran resueltos por el jefe de la División Orgánica. José Pedregal, el farmacéutico de Arahal (Sevilla) a quien se abrió expediente de incautaciones en enero de 1937, había sido asesinado cinco meses antes. Y tampoco se libraron los huidos, como Fernando Parra, el diputado provincial de Izquierda Republicana a quien en 1938 se instruyó un expediente de Responsabilidad Civil en Arcos de la Frontera (Cádiz) y que acabó sus días exiliado en Francia.
LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
La ley 9 de febrero de 1939 creó la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas, que nació con el propósito de continuar el proceso de represión económica que ya se había iniciado en 1936 y 1937 mediante la incautación de bienes. En sus artículos 10º y 15º establecía que todas las condenas conllevaban (salvo alguna excepción) una sanción económica y en caso de fallecimiento del condenado recaía en su familia la obligación de abonarla. Aparte de ésta, también sancionaba con penas restrictivas de la actividad (inhabilitación absoluta o especial) y la libertad de residencia (extrañamiento, confinamiento, destierro).
Era una ley de carácter retroactivo que pretendía juzgar los hechos anteriores a su promulgación, criminalizando actividades que no eran constitutivas de delito cuando se produjeron. Criminalizó a quienes se opusieron a la sublevación militar con actuaciones de cualquier tipo; a los dirigentes de los partidos y sindicatos que fueron ilegalizados por los rebeldes; a los candidatos y apoderados del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, a los diputados, miembros del Gobierno y sus cargos de confianza, etcétera.
Para su aplicación se creó una estructura de 60 Juzgados de Instrucción, 18 Tribunales Regionales y un Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. A principios de 1941 se habían incoado 114.000 expedientes (25.520 en Andalucía) y a finales de ese mismo año se calculaba que la depuración de las responsabilidades podía alcanzar a un cuarto de millón de ciudadanos. El colapso del nuevo aparato burocrático fue tal que en 1942 fue necesario reformar la ley, suavizando los supuestos de responsabilidad y reestructurado la jurisdicción para agilizar la tramitación de los expedientes.
No importaba que los rojos ya estuviesen muertos. Si ellos no vivían para satisfacer la sanción económica, lo harían sus herederos.
REPRESIÓN LABORAL
Los golpistas se deshicieron rápidamente del personal al que consideraban desafecto en las diferentes administraciones. Empleados de ayuntamientos, diputaciones y ministerios y otros organismos, gobernados por el Frente Popular, perdieron sus puestos de trabajo, desde las limpiadoras hasta el personal de oficina. Una represión que afectó incluso a sus empleados jubilados a quienes se negó el derecho a continuar percibiendo sus pensiones.
Por si aquella primera limpieza del verano de 1936 no fue suficiente, en puertas del final de las operaciones militares, la Orden de 12 de marzo de 1939 dispuso que se incoasen expedientes de depuración a todos los empleados de las corporaciones locales, cualquiera que fuese la fecha en que accedieron a sus empleos. Se abrió así un minucioso proceso de depuración en el que fueron investigados hasta los camisas viejas que ocuparon los puestos de la administración después del 18 de julio. Los colegios oficiales de médicos, abogados, arquitectos y otras profesiones liberales investigaron a sus colegiados, que podían ser sancionados con la prohibición de ejercer. De todos los colectivos laborales depurados el mejor conocido es el de los docentes. Se crearon comisiones depuradoras para cada uno de los niveles educativos -instrucción primaria, institutos y universidades- que castigaron a quienes de identificaron con el proyecto de renovación educativa que impulsó la II República. Las sanciones iban desde el traslado de centro hasta la separación definitiva de la función docente.
Está bien documentada la depuración de los empleados de correos y del sector ferroviario. De los miles de obreros que perdieron sus trabajos en fábricas, campos y talleres apenas hay datos que permitan hacer un balance. Pero hubo sectores que quedaron muy diezmados por la falta de personal especializado (como la minería). El primer éxodo del campo a la ciudad se dio en la década de los 40 como consecuencia de la negativa a contratar a campesinos y jornaleros rojos.
Una consecuencia inmediata de la Victoria fue la pérdida de su empleo para los perdedores, obreros en su mayoría, pero también todo tipo de profesionales, que tuvieron que buscarse la vida como pudieron: desde cambiar de lugar de residencia hasta emplearse en cualquier otra actividad, marginal y extralaboral en muchas ocasiones. El control de los productos de consumo mediante el sistema de racionamientos y el recurso a la beneficencia completaban el duro panorama de condiciones de vida y supervivencia que caracterizó a la posguerra. Pese a su anulación de toda clase de libertades, la protesta y reivindicaciones obreras no fueron infrecuentes incluso en la década de los 40 y fueron creciendo en los 50 y 60, como la del marco de Jerez.
EXILIO Y DEPORTACIÓN
Millares de andaluces iniciaron el largo camino hacia el exilio en el mismo verano de 1936: gaditanos que buscaron refugio en Gibraltar y Marruecos, almerienses y granadinos en Argelia, onubenses y extremeños por la frontera portuguesa, y toda clase de gente que, sin vislumbrar aún que tres años después tendría que abandonar el país, tuvieron que salir de sus pueblos atemorizados por el avance de las columnas rebeldes. Tras recorrer el centro y este peninsular acabaron embarcándose rumbo a una nación extraña o, los más, cruzando los Pirineos: ya a finales de 1938 residían en Francia 45.000 refugiados, y en enero de 1939 llegó una nueva oleada de 465.000, que fueron internados en campos de refugiados. En pocos meses se puso en marcha una política de reintegración y, también, comenzó a organizarse la evacuación, a través de la Junta de Auxilio a Republicanos Españoles y del Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, a países latinoamericanos (Méjico, Chile, República Dominicana, etc.). Se ha estudiado a fondo el exilio de las élites políticas y culturales de la República que tanto aportaron a sus países de acogida, pero falta conocer quiénes eran, con nombres y apellidos y su trayectoria vital, el grueso del exilio americano.
Los exiliados que permanecieron en Francia fueron movilizados e integrados en compañías de Trabajadores Extranjeros, y fueron presa fácil para el invasor alemán. Huyeron del fascismo español y cayeron en las garras del europeo. Los deportados al campo de exterminio de Mauthausen constituyen, hasta el día de hoy, el colectivo mejor conocido: 282 extremeños y 1.494 andaluces deportados, de quienes sólo sobrevivió una tercera parte.
MEMORIA DE LA ESCUELA DERROTADA
La Segunda República quiso sembrar el país de escuelas, llenarlas de maestros y ocuparlas con 1.000.000 de niños y niñas que no habían tenido la suerte de tenerlas en sus vidas. La educación sería laica, activa, social, coeducativa, obligatoria y gratuita entre los 6 y los 12 años. Tras el golpe militar de 1936 todo aquello se malogró y el magisterio fue señalado como la vía a través de la cual se habían infiltrado los ideales republicanos en la sociedad y en la juventud.
El fusilamiento, la depuración, la destitución y baja en el escalafón fueron los castigos para un colectivo especialmente represaliado en un escenario de humillación, vergüenza, resentimiento, venganza, traición y odio. En Cádiz, de las aproximadamente 950 maestras y maestros existentes, fueron abiertos 685 expedientes. Uno de cada seis maestros sufrió algún tipo de sanción y, al menos, 23 fueron asesinados.
El maestro y alcalde de Medina Sidonia Ángel Ruiz Enciso, sevillano de nacimiento, ocupó una plaza de maestro en la población asidonense en 1934.Miembro de Izquierda Republicana fue elegido alcalde en 1936, tras el triunfo del Frente Popular. Detenido el 26 de julio de 1936 fue asesinado el 28 de agosto y su cadáver arrojado a una fosa común.
La depuración fue algo más profundo y duradero que un reajuste meramente administrativo del profesorado. Llevó incorporada la represión política al objeto de enterrar un proyecto de cultura (…).
La autarquía de la inteligencia
La Universidad de Sevilla no escapó al ejercicio de la violencia fundacional del régimen levantado por los golpistas. Su profesorado y personal administrativo fue expedientado, perseguido, desterrado, encarcelado o asesinado. El célebre grito de Millán Astray, “¡Muera la inteligencia!¡Viva la muerte!”, lejos de suponer una anécdota, adoptó una forma concreta, rotunda: la puesta en marcha de una deliberada política de depuración de docentes universitarios que apartó de las aulas a quienes se consideró máximos responsables de la corrupción de la juventud y del alma española.
Sevilla fue el punto de partida de lo que se aplicaría más adelante al resto de universidades. En septiembre de 1936 el nuevo rector nombrado por los golpistas, el catedrático de Química José Mariano Mota Salado, inició -conforme a consignas de la Junta de Defensa Nacional- la elaboración de informes de depuración sobre los miembros de los centros docentes adscritos al Distrito Universitario de Sevilla, que en esos años incluía a los de Córdoba, Cádiz, Huelva y Badajoz.
Profesorado, administrativos y alumnado fueron sometidos al examen, al juicio de su ideología, conducta política, patriotismo y moralidad. Los considerados “desafectos”, o con indicios de ello, debían ser -textualmente- “removidos” o “eliminados”.
Una tercera parte de los catedráticos universitarios del Distrito sufrió, en consecuencia, algún tipo de depuración. Muchos fueron suspendidos de empleo y sueldo, desposeídos de sus cátedras, inhabilitados para cargos directivos y públicos o expulsados de la Universidad.
A algunos, la persecución les condujo al exilio y otros asesinados.
LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA
Centenares de personas que desde 1936 quedaron atrapadas en los territorios ocupados por los rebeldes, sin posibilidad de pasar a la zona republicana, prefirieron ocultarse o echarse al monte antes que entregarse. Pero el fenómeno de los huidos comenzó propiamente en 1939, en la primera posguerra. Cuando se derrumbaron los frentes, ante la atroz represión, una minoría decidió resistir en el monte como aliado y luego se les fueron agregando evadidos de las cárceles franquistas y toda clase de fugitivos.
Hubo una primera etapa de escasa organización y casi mera supervivencia, en la que ingenuamente se esperaba la caída del régimen por intervención de las democracias aliadas. A partir de 1944 -el año de la invasión del Valle de Arán- se entró en una fase de mayor organización, con estructura de apariencia militar, jerarquizada y más politizada, que seguía el modelo de la resistencia francesa. En ese proceso fue decisiva la incorporación de exiliados que imprimieron a los huidos autóctonos los métodos europeos de la resistencia antifascista. Se calcula que fueron más de 7.000 los huidos y guerrilleros durante la primera década de posguerra. La mayoría eran comunistas, pero también hubo una guerrilla socialista y libertaria.
Inicialmente los combatieron fuerzas del ejército, pero a partir de 1941 fueron las contrapartidas mistas de guardias civiles y paisanos quienes los acosaron con métodos de “guerra sucia”, especialmente brutales a partir de 1946. Delaciones, recompensas, torturas, castigos s los familiares y aplicación de la ley de fugas fueron los procedimientos con los que diezmaron a las partidas y a sus enlaces y apoyos sociales en el llano. La mayor parte fue aniquilada o consiguió ser evacuada del país durante los primeros años 50.
En el sur sólo hubo un germen de guerrilla urbana en Granada y el monte fue el medio natural donde sobrevivieron los combatientes antifranquistas. Fueron un elemento común del paisaje rural en la España de la posguerra. La jerga policial franquista los criminalizó con el apelativo de bandoleros…
DEL TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO A LA TRANSICIÓN
Dos décadas después de la guerra, los delitos continuaban siendo juzgados por tribunales castrenses. Eso resultaba impresentable ante la Europa Comunitaria y el régimen creyó conveniente gestionar la represión de la disidencia política mediante una jurisdicción no militarizada. La ley de 2 de diciembre e 1963 instauró un juzgado y un Tribunal (TOP) con sede en Madrid con competencia para conocer en todo el territorio nacional los delitos singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional. Persiguieron los delitos tipificados por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 y por la Ley de Orden Público de 1959. Hasta su extinción en 1977, se instruyeron 22.600 procedimientos y el TOP dictó 3.889 sentencias en las que fueron juzgados más de 9.000 procesados. El 75% fueron condenados con penas de cárcel o sanciones económicas y los grupos socio-profesionales más afectados fueron los obreros (49%), estudiantes (22%) y administrativos (11%). Gran parte de los andaluces procesados no residían en la región cuando fueron encausados por el TOP, sino en Madrid, Cataluña y otros territorios receptores de inmigrantes en los que desarrollaban su actividad profesional y sociopolítica.
Mientras el sector del franquismo más proclive al reformismo democrático dirigía el proceso de transición política, los cuerpos de seguridad del Estado continuaron actuando con métodos brutales que caracterizaron la etapa final de la dictadura. La represión de manifestaciones, protestas y conflictos políticos y socio-laborales aún causó varias decenas de muertes después del fallecimiento del general Franco.
En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicios que por su importancia pudiera estimarse como tal, serán pasadas por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y, además, un número igual de individuos de éste, discrecionalmente escogido.
El golpe militar se produjo cuatro días después de que la bandera blanca y verde fuese izada en el Ayuntamiento sevillano y cortó de raíz el proceso constituyente de la autonomía andaluza.
PROVINCIA DE SEVILLA
La provincia de Sevilla fue, sin duda, una de las más castigadas por la represión que llevaron a cabo los sublevados desde el mismo 18 de julio de 1936. La gran mayoría de las víctimas fueron asesinadas sin juicio alguno y ni siquiera fueron inscritas en los registros civiles. Estos asesinatos se realizaron no de forma descontrolada ni bajo el fragor de ningún combate; se hicieron meticulosa y ordenadamente bajo la dirección de los comandantes militares y al amparo de bandos de guerra específicos. Los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes de forma innominada y la mayoría de estas fosas fueron a su vez sepultadas por nuevas construcciones de nichos y panteones. Al asesinato masivo siguió una destrucción y ocultación generalizada de los documentos y archivos de la represión. Durante la larga dictadura del franquismo nunca se pudo hablar ni investigar sobre sus crímenes. Se realizó una represión selectiva para descabezar a las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda mediante la eliminación física de sus dirigentes. Los cargos públicos republicanos integrados en el Frente Popular, especialmente alcaldes y concejales, sufrieron igualmente una durísima represión. Pero no terminaron ahí las represalias. Numerosos jóvenes, así como más de cuatrocientas mujeres, que no destacaron ni en su afiliación ni en su militancia, fueron asesinados en un alevoso crimen de guerra, más de 20.000 sevillanos huyeron para salvar la vida. Muchos de ellos murieron combatiendo en el ejército popular de la República, otros acabarían en el exilio o muertos en campos de concentración nazis. Los que retornaron fueron encarcelados y encausados en millares de procedimientos sumarísimos por “rebelión militar”. Cuatrocientos sesenta y cinco de ellos murieron presos sin llegar a conocer la libertad.
EL GASTOR
Los anarcosindicalistas y socialistas de El Gastor dejaron a un lado el antagonismo ideológico para hacer frente a la sublevación el 19 de julio de 1936. Dirigidos por el cenetista Isidro Torreño El Tango, organizaron servicios de vigilancia y patrulla, establecieron la casa del pueblo en la iglesia y comenzaron a colectivizar los recursos económicos. La primera entrada, el 23 de julio, de una columna de guardias civiles que causó varias bajas a los campesinos y apresó al alcalde, puso en evidencia su inferioridad ante las fuerzas armadas profesionales. Recuperaron el pueblo el 18 de agosto, pero tuvieron que abandonarlo de nuevo el 17 de septiembre, el día siguiente de la ocupación de Ronda por los rebeldes.
Eran tantos, los que huyeron que en enero de 1937 la Comisión Gestora golpista informó al gobernador: “no existen obreros actualmente en paro forzoso debido a que la mayoría de ellos han huido de esta población encontrándose según noticias en el frente de Ronda”. Los izquierdistas que no pudieron o no quisieron huir fueron víctimas de una brutal represión que segó las vidas del alcalde sindicalista Miguel Zambrana Atienza, el socialista José Sánchez Martín, cuatro miembros de la familia anarcosindicalista Escalante Avilés, otros cuatro de la familia de Sebastiana La Gitana, los tres hermanos Mesa Gómez…hasta sumar, al menos, 59 hombres y 8 mujeres.
Los huidos fueron encausados por la Justicia Militar a medida que volvían de la zona roja: ocho cuando regresaron de Málaga en 1937 y cincuenta vecinos más en 1939. Cinco fueron sentenciados a muerte y fusilados: los hermanos Moreno Romero en El Puerto de Santa María, el concejal socialista Antonio Fuentes y Rafael Sánchez Martín en Cádiz y el concejal anarcosindicalista José Bocanegra Cabrera en Jerez. Otros treinta fueron condenados a presidio.
PUERTO SERRANO (Cádiz)
En Puerto Serrano no hubo guerra. Solo represión. El 22 de julio la Guardia Civil disolvió a tiros a la gente que estaba concentrada en la calle y causó la primera víctima mortal: el jornalero Manuel Barrera Vázquez. Los rebeldes se adueñaron rápidamente del pueblo y en agosto iniciaron la represión contra los dirigentes y afiliados de las organizaciones del Frente Popular. Según un informe de las autoridades rebeldes, fueron asesinados 22 “policheros”, pero se han documentado 26 víctimas. Hasta febrero de 1937 aparecieron en el término municipal 40 “cadáveres desconocidos” que fueron enterrados en la fosa común del cementerio. Entran gente del propio pueblo, pero también procedentes de otros municipios, que eran asesinados en Puerto Serrano del mismo modo que los “policheros” eran llevados fuera; como el alcalde de Izquierda Republicana, Miguel Rodríguez Rivera, que fue asesinado en Prado del Rey. En 1941 estaban inscritos en el censo de huérfanos de guerra 38 chiquillos menores de 16 años, de quienes 27 eran hijos de fusilados.
Algunos vecinos se ocultaron o huyeron hacia la provincia de Málaga por temor a la represión, pero los que fueron descubiertos o regresaron al terminar la guerra fueron encausados por la justicia militar rebelde. Seis hombres fueron juzgados en 1937, una mujer lo fue en 1938, y al menos otros nueve durante la postguerra. Hubo presos políticos de Puerto Serrano en la Prisión Provincial de Cádiz, en el Penal del Puerto de Santa María, en la Prisión Provincial de Córdoba, en la Colonia Penitenciaria de El Dueso, en la Prisión Central Tabacalera de Santander y en el Destacamento Penal de Cuelgamuros de El Escorial.
LA REPRESIÓN EN MONTEMAYOR (CÓRDOBA)
Al anochecer del sábado 18 de julio de 1936, unos números de la Guardia Civil procedentes de Fernán-Núñez llegan a Montemayor. Hacen su entrada realizando disparos al aire y se dirigen al Ayuntamiento, donde detienen al alcalde, Fernando Mata Povedano. A continuación se trasladan al Centro Instructivo Obrero de Oficios Varios, donde continuarán las capturas. Un mínimo de 12 personas fueron apresadas, de las cuales 9 fueron trasladadas a Córdoba. 2 volvieron con vida gracias a unos avales que lograron reunir. Las 7 restantes fueron asesinadas.
Tras el golpe, más de la mitad de la población huye de la localidad ante el terror de los fascistas. No era infundado. Con el asentamiento de fuerzas de Falange en Montemayor, se llevará a cabo una segunda dinámica represiva desproporcionada y sin precedentes: una cruentísima represión física, vejaciones a mujeres e incautaciones de bienes. Las casas de los huidos serán allanadas y sus enseres, grano y ganado requisados, perdiéndolos para siempre.
Al menos 29 montemayorenses perdieron la vida combatiendo en el Ejército Popular de la República y 23 cruzaron la frontera hacia Francia tras el desplome del dispositivo defensivo para Cataluña. El resto de la población que abandonó la localidad sufrió la justicia de los vencedores. Los trabajos forzados, las prisiones y los centros de internamiento franquistas se convirtieron en un auténtico calvario para los derrotados. El resultado fue un mínimo de 5 muertos durante la posguerra en Montemayor.
LA REPRESIÓN EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
(…) “¡Sí, canalla roja de Málaga, espera hasta que llegue ahí dentro de diez días! Me sentaré en un café de la calle Larios bebiendo cerveza y por cada sorbo mío caeréis diez”
Queipo de Llano (Radio Sevilla) (…)
El avance de las tropas rebeldes sobre la provincia de Málaga dibuja el mapa de la represión (número de fosas, número de víctimas, modalidades represivas…) en toda su magnitud. El 12 de agosto de 1936 inician una ofensiva que en poco más de dos meses da como resultado la ocupación del arco norte-oeste de la provincia. El 5 de febrero de 1937 comienzan un nuevo ataque que culmina el 8 de febrero de 1937 con su llegada a la capital. Dos son sus consecuencias inmediatas.
El desplazamiento de la población, primero procedentes de Cádiz y Sevilla tras el golpe de estado, y que culmina con la huída hacia Almería por la carretera de la costa. Familias enteras dejaban atrás sus hogares para enfrentarse a los bombardeos desde barcos y aviones. La huida se convirtió en un infierno; el miedo y el dolor marcaron el camino. Nadie sabe cuántas personas perdieron la vida en aquella carretera; cuerpos mutilados, cadáveres abandonados y familias separadas han marcado la memoria de quienes tuvieron la fortuna de llegar a Almería.
Para quienes se quedaron debieron enfrentarse a la represión que castigó a la población malagueña con toda su crudeza: más de 7.600 personas fueron ejecutadas. Pero no sólo, también se sucedieron detenciones arbitrarias, torturas, expolios, vejaciones…Ni el género ni la edad (entre 15 y 70 años) fueron obstáculo para los ejecutores; tampoco la no participación “en política” suponía garantía alguna: se trataba de una represión sistemática.
El mapa de fosas de la provincia de Málaga (Asociación Guerra y Exilio Memoria Histórica de Andalucía) refleja la huella de la represión en la provincia de Málaga con un total de 76 fosas en 54 localidades, a las que hay que sumar 18 fosas localizadas en la capital, en el cementerio de San Rafael, y una estimación aproximada de 7.640 víctimas. El mayor número de ejecuciones se registra entre agosto de 1936 y finales de 1937. A medida que se institucionalizan los procesos, las ejecuciones se concentran en las cabeceras de partido judicial y a partir de 1940, hasta 1957, en Málaga.
En el cementerio de San Rafael, la Asociación Contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga en colaboración con la Universidad de Málaga ha documentado hasta ahora 4.471 ejecutados, y llevan exhumados 2.840 restos.
Durante la huida, se produjo la intervención del doctor Norman Bethune quien con su unidad de transfusión de sangre estuvo socorriendo a la población civil que estaba siendo masacrada. Suyos fueron los principales testimonios de la matanza recogidos en el relato “El crimen de la carretera Málaga-Almería”. Y las únicas fotos que se conservan de aquellos hechos: “…Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos (…). Aunque menos conocido que otros, fue el hecho más criminal de la Guerra Civil: más que las matanzas de Badajoz, más que el bombardeo de Guernica”.
CASARES
(…) El pueblo se llenó de mujeres solas: madres, hermanas, novias, compañeras…
Todo Casares se vistió de luto (…)
Casares quedó desierto a finales de septiembre de 1936. Ante la proximidad de las columnas rebeldes, toda la población huyó despavorida hacia Málaga y los pueblos de la costa. Sólo en Marbella fueron acogidos 650 casareños. La conquista de la capital, en febrero de 1937, no le dio muchas opciones. Los que no se lanzaron al camino de la muerte hacia Almería, la “juía”, tuvieron que volver. Encontramos sus casas saqueadas y sólo se oían historias de asesinatos y violaciones por las tropas golpistas.
Creyeron que no sufrirían represalias quienes no hubiesen cometido delitos de sangre, pero la gran represión comenzó en cuanto llegaron. Nueve hombres fueron detenidos el 16 de febrero. Se decía que iban a trasladarlos a la cárcel de Algeciras, pero esa misma noche fueron llevados al Cerro de la Horca, donde fueron torturados, asesinados y enterrados en una fosa común. La mañana siguiente, cuando algunas de sus esposas, fueron a la cárcel para llevarles el desayuno, también ellas fueron detenidas y las raparon para escarnio público. Otros 35 hombres y mujeres fueron asesinados el 5 de mayo. Con el pretexto de ser conducidos a Estepona, los montaron en un camión y fueron conducidos a Arroyo Marín. Dos hileras de sepulturas en un cortinal son los testigos mudos del homicidio.
Asesinados en sacas nocturnas o condenados a muerte por la justicia militar rebelde, otros vecinos fueron fusilados en los paredones el cementerio de San Rafael de Málaga, en Torremolinos, en Marbella o en el cruce de Ojén, Estepona, Algeciras, Cádiz. El pueblo se llenó de mujeres solas: madres, hermanas, novias, compañeras…Todo Casares se vistió de luto.
(…) los exiliados que permanecieron en Francia fueron movilizados e integrados en Compañía de Trabajadores Extranjeros, y fueron presa fácil para el invasor alemán (…).
BLAS INFANTE
Blas Infante (Casares, 1885) era el referente indiscutible del andalucismo cuando se proclamó la República. La creación de la Junta Liberalista de Andalucía y la presentación a las elecciones constituyentes de la Candidatura Republicana Revolucionaria Federalista de Andalucía fueron los primeros pasos de una aventura política que reivindicaba la autonomía andaluza en el marco de un estado federal. Tras la aprobación del Anteproyecto de Estatuto en la Asamblea de Córdoba de enero de 1933 y la paralización de los procesos autonomistas durante el bienio radical-cedista, la victoria del Frente Popular dio un nuevo impulso al proyecto andaluz. Parecía imparable cuando en julio se celebraron la Asamblea Pro Estatuto de Andalucía en Sevilla y la asamblea de la Junta Liberalista en Cádiz, que habría de ser el último acto público de Infante. El golpe militar se produjo cuatro días después de que la bandera blanca y verde fuese izada en el Ayuntamiento sevillano y cortó de raíz el proceso constituyente de la autonomía andaluza.
Blas Infante fue detenido el 2 de agosto por una escuadra de Falange en Coria del Río. “A las 11 de la mañana -recordaría su esposa- vinieron a registrar la casa y a llevárselo para siempre”. El encarcelamiento en la checa sevillana del Cine Jáuregui fue la antesala del asesinato. Lo sacaron la noche del 10 de agosto, junto a tres dirigentes de izquierda, y lo fusilaron en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Se cree que su cuerpo fue arrojado a la fosa común del Cementerio de San Fernando de Sevilla. Cuatro años después del asesinato, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le impuso, por haberse significado “como propagandista para la constitución de un partido andalucista” y suponiéndole “una grave oposición y desobediencia al mando legítimo y a las disposiciones de él emanadas”, una multa de 2.000 pesetas.
LA REPRESIÓN EN CAMAS (SEVILLA)
Camas vivió muy de cerca la sublevación de Sevilla. Muchos de sus vecinos, que trabajan en a capital, llevaron al pueblo la noticia del golpe en los primeros momentos del sábado 18 de julio. En los días siguientes, la población sería testigo del continuo trasiego de huidos de los barrios sevillanos, sobre todo de Triana, que contaban las atrocidades que llevaban a cabo los sublevados y, en especial, los legionarios de Castejón.
El día 19 la localidad fue testigo de la traición de la Guardia Civil a la columna minera que venía de Huelva por la Pañoleta. Con numerosos muertos y detenidos, producidos por los disparos de los emboscados y por la violenta explosión de un camión cargado de dinamita, aquella columna fue la generosa contribución que los trabajadores onubenses hicieron para intentar revertir el curso de los acontecimientos.
Los vecinos no se desalentaron. Intentaron cortar el tráfico por la carretera interponiendo tres vagones de ferrocarril y uno más sobre la vía del tranvía. Organizaron apresuradamente la defensa del pueblo requisando escopetas de caza y armas obsoletas. Establecieron guardias en varias azoteas y en la Pañoleta. Todo ello sin atentar contra la vida de nadie y ni siquiera detener a los derechistas que pretendían sumarse al golpe. A través de un improvisado Comité, hombres como Enrique Pinto, Antonio el de Faustino, los “hijos del Maestro Punto”, etc, encabezaron una resistencia ejemplar dirigida desde el Ayuntamiento y en la que participaron las organizaciones del Frente Popular, los sindicatos y hasta un Comité de Parados que dirigían Julián Mateos y Manuel Limón.
La ocupación del pueblo, sin oposición posible y si armas adecuadas, trajo consigo, bajo el mando del comandante militar, el teniente de la Guardia Civil Francisco Leiva, una durísima represión. Decenas de sus vecinos fueron detenidos y llevados a la capital, y la mayoría de ellos, con su alcalde Manuel Cabello a la cabeza, asesinados. De más de cuarenta de ellos conocemos hoy sus nombres, pero la historia de la represión en Camas está aún pendiente de escribirse.
Memoria recuperada del Viso del Alcor
Este pueblo, situado en la comarca de Los Alcores (Sevilla), no fue necesario de combates durante la Guerra Civil. La respuesta al golpe siguió prácticamente las mismas pautas que en otros pueblos: constitución de un comité de defensa, cortes de carreteras, barricadas, requisa de armas, radios y alimentos, etc. También se practicaron algunas detenciones y se quemaron el casino de los señoritos y las imágenes y enseres de la iglesia y la capilla. En los cinco días que duró la resistencia al golpe militar, sólo hubo daños materiales, pero ninguna víctima de derechas. Al conocerse la ocupación del vecino pueblo de Alcalá de Guadaíra y la terrible represión, la mayoría decidió abandonar las barricadas y salir del pueblo o esconderse. Sin oposición alguna, los visueños partidarios del golpe militar se hicieron con el control del pueblo.
En el Viso, la dinámica represora, por el contrario, conoció todas sus modalidades: gente desaparecida, fusilada encarcelada, torturada, exiliada, escondida en pozos o en cuevas, condenada a trabajos forzados en campos de concentración, mujeres rapadas y obligadas a beber aceite de ricino, etc. En definitiva, crímenes sin ningún tipo de justificación, bestialidades de todo género provocadas por la terrible represión “nacional” (fascista), sólo por el hecho de ser “rojos”. También hubo casos de gente que fueron obligadas a combatir del lado franquista si no querían correr la misma suerte.
De las que tenemos constancia, en una población de unos 8.000 habitantes, el balance es brutal: 47 fusilados (de ellos 2 sobrevivieron a la ejecución), 4 muertos en prisión y 75 presos.
Como en otros pueblos, en El Viso la memoria dañada de la guerra y la dictadura ha permanecido en silencio durante décadas. Bajo la Dignidad, Justicia y Reparación se intenta rescatar del olvido los nombres, rostros y los pensamientos de una de las dos Españas que hicieron desaparecer, la vencida, y que por tal motivo, fueron arrojadas a cientos de fosas comunes para quitarles de la memoria y la historia en un amargo y trágico pasado que ha pasado a la historia como una de las páginas más trágicas y lacerantes que forma parte de la ignominia.
BADAJOZ
El 25 de marzo de 1936 más de 60.000 jornaleros se lanzaron a la mayor ocupación de tierras durante la II República, unas 250.000 hectáreas de fincas de los grandes propietarios en la provincia de Badajoz.
A principios de agosto de 1936 las tropas rebeldes, procedentes de Sevilla, inician su avance por la provincia de Badajoz. La represión sobre los militantes de las organizaciones obreras y republicanas buscaba asentar un nuevo régimen sobre una población que en los últimos años había logrado establecer una serie de estructuras organizativas muy potentes e importantes avances sociales.
Historiadores como Francisco Espinosa o Julián Chaves han aportado cifras que podían superar las 10.000 víctimas en la provincia de Badajoz, una de las más altas de España: Llerena, Zafra, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Mérida o Badajoz, serían algunos de los escenarios de esas matanzas.
Durante y después de la guerra hubo un proceso sistemático, desde las instrucciones franquistas, para borrar de la memoria colectiva a todas las personas “desafectas” al régimen. Tras la muerte del dictador Franco, se iniciaron en algunos municipios extremeños la búsqueda de restos de personas fusiladas. Así, en 1978, los familiares de Casas de Don Pedro recuperaron en le finca “Las Boticarias”, numerosos cuerpos, no sin oposición por parte de las autoridades.
Otra localidad pionera fue Torremejía, donde el alcalde fue el promotor y como consecuencia, el juez ordenó el embargo de una vaca propiedad del mismo. A estos, y de forma un poco desordenada, siguieron municipios como Valle de la Serena, Villafranca de los Barros, Orellana la Vieja, Medina de las Torres, La Albuera, Almendral, Salvaleón, Torres de Miguel Sesmero, Montijo, Alconchel, Castilblanco, Higuera de la Serena y hasta cerca de una treintena, según recoge Cayetano Ibarra. A partir del año 2000 dará un vuelco la situación con la creación de las asociaciones de la memoria histórica, que utilizarán una metodología científica y que contarán con el apoyo de un grupo de historiadores, arqueólogos, antropólogos, voluntarios y algunas administraciones.
Villanueva
de la Serena (Badajoz)
En Villanueva de la Serena la rebelión militar, contra la Segunda República, tuvo lugar el 19 de julio de 1936. El 30 de julio del mismo año, son derrotados por milicianos y guardias de Asalto los rebeldes, llevándose como rehenes a autoridades y simpatizantes del Frente Popular. Agolpados en camiones, detenidos por la fuerza y privados de libertad, 54 vecinos de Villanueva son conducidos a Miajadas con destino a Cáceres. Desde entonces a éstos se les conoce como “los de Cáceres”. En ese grupo viajaba preso y herido de muerte el Alcalde, de Izquierda Republicana, Rafael García Calderón que morirá en agosto del mismo año en el Hospital de Cáceres.
Del 30 de julio de 1936 al 24 de julio de 1938 Villanueva vuelve a ser republicana. El Alcalde, del PSOE, será Joaquín Hidalgo Santos, asesinado en Badajoz el 23 de mayo de 1941. El 24 de julio de 1938 tiene lugar la ofensiva franquista del cierre de la “Bolsa de la Serena”. Las autoridades republicanas ordenan la evacuación de la población hacia la provincia de Ciudad Real. En la ciudad se inicia una feroz represión de las personas relacionadas con la Segunda República.
Acabada la guerra en 1939, muchos de los evacuados republicanos en la provincia de Ciudad Real, vuelven al pueblo en un tren de mercancías. En la estación le estaban esperando las nuevas autoridades y los falangistas que los cachean, los maltratan y los conducen al Ayuntamiento y a la cárcel. Según testimonia Víctor Bernal Hernández que con 14 años fue conducido a la cárcel junto a su madre y hermana de pañales. También Antonia Hidalgo Gutiérrez explica lo mismo de su madre y hermano Santiago Hidalgo Gutiérrez de 17 años, hijo del Alcalde, al que asesinaron estando con su madre en la cárcel de Villanueva.
EN EL CAMINO DE LA MEMORIA. LA FOSA DE LA PUEBLA DE CAZALLA
María Carmen España Ruiz
En la Puebla de Cazalla tuvieron lugar los hechos criminales, que se narran en este libro, sobre los represaliados republicanos moriscos, y otros conducidos desde las localidades vecinas de Morón de la Frontera, Marchena, Lantejuela y Villanueva de San Juan, que acabaron en la profunda fosa, en el gran socavón, del cementerio de San José.
Un largo camino desde el año 2006 cuando se iniciaron los trabajos, hasta agosto de 2014 que terminaron. Han sido cuatro fases: 2006, 2008, 2009 y 2014 con muchas dificultades (77 cuerpos exhumados de la fosas).
Un entramado golpista que aterrorizaba a las poblaciones, aniquilando física y políticamente a hombres y mujeres, ocultando sus cadáveres, dejando a familias rotas, a las que también amedrentaban, ejerciendo sobre ellas una represión terrible que segaron decenas de miles de sueños de libertad.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 20 de marzo de 2014, la fosa del cementerio de la Puebla de Cazalla, fue declarada como Lugar de la Memoria Histórica, señalizando el sitio elegido para deshacerse de los fusilados de la comarca, entre los meses de julio y septiembre de 1936 y febrero de 1937.
La solicitud de que la fosa fuese declarada Lugar de la Memoria Histórica, la presentó el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, coordinado con la Asociación de familiares de víctimas “Romance de Juan García” el 30 de diciembre de 2012.
España tiene una profunda herida abierta al haberse amputado durante décadas una parte de su historia que no comenzarán a cicatrizar hasta que aflore la Memoria en forma de dignidad, la justicia y la reparación mientras la justicia en éste ámbito al menos, ni está ni se le espera.
Un crimen de Lesa Humanidad contra la población civil inocente que la Historia de España junto a la judicatura del franquismo, la Transición y nuestra presunta democracia se han encargado de encubrir y silenciar con la impunidad del franquismo y las Leyes de Amnistía.
Los nudos cargados de sentimientos que han ahogado durante mucho tiempo las gargantas de los familiares represaliados están siendo desatados por los nietos. Y ha tenido que ser ese relevo generacional quienes se hayan quitado de una vez y para siempre ese miedo que atenazaba a sus padres y abuelos impulsando la Memoria, la Dignidad y la Justicia.
Una sistemática represión de clases e ideas que siguió tras el golpe militar de 1936. Los falangistas eran los hijos de las derechas locales que preparaban en los pueblos las macabras listas negras para entregárselas a los golpistas. Era el preámbulo de los planes de exterminios.
Los jornaleros soñaban en su mundo feliz con el reparto de tierras mientras los propietarios los sumían en la más absoluta injusticia social, en la miseria y en el hambre de por vida. En cada pueblo se repetía la infamia con el único objetivo de eliminar las bases sociales que habían hecho posible le República y devolver los privilegios a la Iglesia, a los terratenientes y a las “gentes de orden”.
Con aquellos infames crímenes, quedaban desamparados los hijos y las viudas quedando heridos de muerte en el alma, en la vida y en la subsistencia diaria. Y lo peor es que ni siquiera pudieron despedirse de ellos, ni siquiera tener un lugar físico donde poder llevar flores, no pudiendo cerrar el duelo mientras los ejecutores estaban en actos oficiales, al lado de las fuerzas vivas de la ciudad.
La amnesia histórica junto con la tergiversación, los silencios y las décadas cargadas de olvido de 528 fosas en Andalucía y 2.328 fosas en toda España han perpetuado la injusticia, lo que atañe a los Derechos Humanos y a la Justicia.
Las Naciones Unidas solicitan que la Ley de Amnistía 46/77 sea derogada por ilegal. Pero lo más preocupante es que durante décadas el gobierno de España ha sido sordo y ciego. El Tribunal Superior de Justicia de 27 de febrero de 2012 cerró las puertas a la investigación de los crímenes contra el Derecho Internacional en España anteponiendo la misma Ley de Amnistía. La justicia es una mera herramienta que sirve y ampara a los mismos de siempre.
Los Gobiernos de España vulneran el Derecho Internacional al desamparar a las víctimas de la guerra civil que defendieron los valores de la democracia y la libertad amparando al mismo tiempo, a los verdugos a través de la Ley de Amnistía 46/77.
La guerra civil tenía como trasfondo la lucha de las clases sociales que difieren de la versión nacionalista entre los dos bandos: el nacional y el rojo.
Pero han sido los hijos de sus hijos -los que ya sin miedo- han sido los encargados de desatar aquéllos nudos de la garganta que se encargaron de dejar atados los centinelas del miedo bajo la amnesia colectiva. Pero para cerrar dignamente un capítulo fundamental en nuestra historia reciente, es necesario otorgarles a las víctimas inocentes DIGNIDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Sólo así, el proceso de cicatrización de aquellas heridas mal suturadas será lo más aséptico posible.
 |
Monolito erigido en Víznar a la Memoria de Federico García Lorca y a todas las víctimas de la Guerra Civil. El 18 de agosto de 2018 se cumplió el 82º aniversario de su muerte "18 de agosto de 1936". El crimen fue en Granada, ¡en su Granada!.
|
